Opinión: Escuelas abandonadas: activos estratégicos para vivienda asequible

En Puerto Rico ha resurgido la propuesta de transformar las escuelas abandonadas en oportunidades de vivienda asequible. La idea vuelve a tomar fuerza tras la Oficina del Procurador del Ciudadano revelar que, a 15 años de la primera gran ola de cierres, unas 500 de las 700 escuelas clausuradas siguen sin uso definido. La mitad de ellas aún cuenta con acceso a servicios básicos como agua y electricidad, lo que las convierte en activos estratégicos para atender la crisis de vivienda. Experiencias en otros estados demuestran que estas estructuras pueden transformarse en viviendas tipo “loft” u otros modelos residenciales mediante procesos de adaptación o “retrofitting”.

Pero para que esa visión se materialice es indispensable modificar el marco legal vigente. Hoy, la disposición de las escuelas cerradas está regida por la Ley 26-2017, que responde al plan fiscal y ordena la venta de activos gubernamentales, incluidas las escuelas, pero a precio de mercado. Aunque la ley contempla excepciones para proyectos comunitarios o de interés social, tradicionalmente las subastas favorecen al mayor postor, dejando fuera a entidades sin fines de lucro y organizaciones que se especializan en la vivienda asequible.

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