Durante los últimos años, en Puerto Rico se ha legislado herramientas para facilitarle a los municipios y comunidades el mejor manejo a su problema de abandono de vivienda. Aun así, gran parte de los municipios no han aprovechado la legislación, ya sea por falta de conocimiento, limitaciones económicas o por una presunción de que los programas de reducción de estorbos públicos pueden ser lentos y costosos. Mientras tanto, la crisis de vivienda se ha profundizado y el abandono de propiedades ha aumentado desproporcionadamente en comunidades vulnerables.