Los buitres de los estorbos públicos



Sin duda, Puerto Rico está pasando por una crisis del abandono. El Censo federal estima que hay sobre 370,000 casas vacantes y otras 300,000 en ruinas o abandonadas, representando en conjunto una de cada tres viviendas. Irónicamente, también pasamos por una escasez de vivienda asequible. Nos pareciera sentido común tratar de atender este último con nuestro gran inventario de casas vacías. Sin embargo, ha existido una tendencia durante los pasados años en la que los municipios han tratado de atender el problema a través de compañías privadas, que se encargan del proceso legal de identificar, declarar y disponer de posibles estorbos sin cobrar nada al municipio, a cambio de una comisión al vender la propiedad. Es una “solución” que podrá ser más peligrosa que el diagnóstico.


El modelo de financiar por “adelantado” el proceso de identificación, declaración y adquisición de un estorbo público a través de una compañía privada se presta para cuestionamientos éticos. Cuando se lucran de cada propiedad declarada y vendida, existe un interés directo en declarar la mayor cantidad de propiedades como estorbos, aun cuando pueden estar habitadas o en un trámite familiar. Se presta para arrastrarse los pies al momento de encontrar quién es el dueño o utilizar métodos sub-estándar de notificación con el fin de vender la propiedad antes de que se percaten los posibles propietarios. A veces requieren que los propietarios presenten copias de sus títulos de propiedad para cerrar un caso, algo que será imposible para la mitad de las familias puertorriqueñas, quienes carecen de dicha documentación. Incluso, estas compañías piden un depósito de parte de posibles compradores sin antes hacer un intento de buena fe de los propietarios para que arreglen su posible estorbo.


Por la norma, para un agente de bienes raíces poder vender una propiedad tiene que tener el consentimiento del dueño. Sin embargo, a través de sus monopolios municipales estas compañías aprovechan para mercadear propiedades ajenas, cobrando una comisión múltiples veces por encima de la permitida por ley. Ya que el municipio no está pagando directamente por el proceso de declaración, estas compañías inflan sus precios radicalmente, sabiendo que al final de la venta cobrarán su inversión. Hemos visto propiedades que con pasar un “trimmer” ya está trepada la deuda a $20,000 a favor de la compañía luego de sus gastos exagerados, honorarios y sus misteriosos cargos “administrativos”.


Con un modelo basado en una comisión por cada venta, también existe presión para que se concentren en áreas donde hay mayor probabilidad de vender la vivienda. Significa que nosotros, quienes vivimos en comunidades rurales y de bajos ingresos, nos tenemos que “chupar” el estorbo público al lado todos los días debido a que estas edificaciones tienen menos prioridad que una casa abandonada en una urbanización de lujo. Los chavos llegan a manos de las compañías, pero los chinches al alcalde o alcaldesa que firmó un contrato de cinco años sin saber en qué se estaba metiendo.


Finalmente, el procedimiento prácticamente obliga a los municipios a liquidar cada propiedad declarada como estorbo público, limitando las opciones al momento de buscar nuevos espacios públicos, centros comunitarios y vivienda de interés social. Las propiedades se venden al mayor postor con efectivo en mano, excluyendo la gran mayoría de las personas de bajos ingresos o de clase trabajadora, quienes no tendrán $100,000 guardados para pagar una casa de cantazo. Las historias de terror han sido múltiples, y cada par de meses estamos escuchando de nuevos escándalos.


Cualquier manejo de estorbo público deberá tener como prioridad la salud, seguridad e integridad de nuestras comunidades y no la especulación. No deberá utilizarse como excusa para desplazar, gentrificar, sacar gente de sus casas o aprovecharse de personas de bajos ingresos sin acceso a la justicia.


Deberán ser las mismas comunidades —las cuales han tenido que aguantar los efectos negativos de los estorbos públicos— las que se beneficien de las nuevas oportunidades de vivienda asequible, resiliencia y desarrollo comunitario.


Publicado originalmente en El Vocero