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A pensar dos veces la venta de la deuda del CRIM

Actualizado: 22 de jul de 2020


Escrito por Luis Gallardo Rivera

Publicado originalmente en Noticel


Los municipios están en una crisis histórica, el pasado año fiscal el 73 por ciento de los municipios cerraron con déficit y la mitad dependía del gobierno central para por lo menos obtener el 40 por ciento de sus fondos operacionales. Al momento se estima que una tercera parte de los ayuntamientos podría quedar inoperante ante la derogación de la Ley 29 por el tribunal federal. Y aunque sigue el debate entre la municipalización, la regionalización y la consolidación, hay una propuesta que vuelve a tomar impulso, sin embargo también representa una alternativa peligrosísima: la venta de las deudas por concepto de contribución sobre la propiedad inmueble al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).


Se estima que el 25 por ciento de los contribuyentes no pagan o pagan tarde al CRIM, por lo cual hay aproximadamente $2,300 millones de dólares sin cobrar.

Por su parte, la contralora de Puerto Rico ha categorizado a los procesos de cobro y embargos del CRIM como “deficientes”. Ejemplo de esto son las deudas sin cobrar a partir del 1974 (las deudas anteriores fueron eliminadas por la ley 21-1997).

Además, el CRIM no empezó a realizar embargos con el fin de cobrar deudas morosas hasta el 2016. Es tanta la frustración que esta realidad genera que han surgido reclamos y proyectos de ley para dejar fuera a ciertos municipios de la estructura del CRIM.


En medio de este panorama, inversionistas privados han demostrado interés en comprar la deuda al CRIM, obviamente a un precio rebajado. Esto tendría el efecto de generar al CRIM efectivo y liquidez de manera rápida. Esta propuesta ya ha sido alabada por la Junta de Gobierno del CRIM en varias ocasiones y se han contemplado como un salvavidas para las arcas municipales.


En ese sentido, los posibles resultados de la venta se contemplan desastrosos para aquellos municipios que desean luchar en contra del abandono de propiedades y la proliferación de estorbos públicos cuando, por el contrario, éstos podrían ser convertidos en activos para estabilizar el mercado de bienes inmuebles, atajar la creciente desinversión y promover el desarrollo socioeconómico local. Como proponemos desde el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, la deuda del CRIM provee una interesantísima oportunidad a los municipios para su redesarrollo y resiliencia en el caso de las propiedades abandonadas o en desuso.


En cualquier municipio hay un elevado número de éstas, muchas de las cuales acumulan deudas monumentales que en muchos casos sobrepasan el valor mismo de la propiedad o se encuentran registradas bajo el nombre de un dueño ausente o fallecido. Gran parte de esa deuda es, simplemente, incobrable. Nuevas leyes aprobadas bajo ambas administraciones (las leyes 130-2016 y 96-2018, entre otras) permiten a los municipios adquirir estas propiedades con ninguna o poca inversión con el fin de utilizarlas para proveer vivienda asequible, áreas verdes, mitigación de desastres y proyectos de desarrollo comunitario.


Los municipios perderán su habilidad de recuperar estas propiedades y promover este tipo de proyectos si el CRIM vende a un inversionista privado la deuda. Según el Center for Community Progress, una organización estadounidense que se dedica a promover alternativas para el manejo de propiedades abandonadas a favor de las comunidades, existen tres razones principales por las cuales no es conveniente vender el cobro de las deudas contributivas al CRIM.


Primero, se pierde el control municipal sobre el potencial de reutilización de las propiedades abandonadas, ya que el municipio no podría decidir a qué otros usos dedicar dicho inventario. Segundo, se trata de una alternativa menos equitativa que podría generar desplazamientos y a largo plazo hasta aumentar aún más el inventario de viviendas abandonadas por sus dueños o en problemas de sucesión. Tercero, dado que el fin de los inversionistas es obtener una ganancia rápida esto no necesariamente va a resultar en reducir el actual deterioro que sufren muchas comunidades ni promover el desarrollo comunitario.


Los $2,300 millones sin cobrar no es una cifra que apareció mágicamente en una hoja de cálculo. Aquí podrían estar representadas propiedades en condición de estorbo público muchas de las cuales colindan con nuestras casas- y los hogares de otras familias afectando, sin distinción de clase, a miles de comunidades urbanas, rurales y urbanizaciones. Más importante aún, ese número puede representar una verdadera oportunidad para lograr levantar a nuestras comunidades y municipios.



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