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¡Aquí vive gente! o sobre la lucha por el lugar

Actualizado: 22 de jul de 2020



Escrito por Marina Moscoso Arabía

Publicado originalmente en 80 Grados


Cuando surge la pregunta acerca del aparente estallido de un movimiento de ocupación de propiedades abandonadas en Puerto Rico mi respuesta es que, lejos de ser un fenómeno reciente, el país tiene una larga historia de ocupación del suelo. Pero, sin duda, en distintos momentos han sido distintas las luchas y los esfuerzos de la gente por contar con eso que llamamos un lugar. Si me aventuro a subrayar algunas características que comparten buena parte de las iniciativas de ocupación que han comenzado a darse en los últimos años, señalaría dos. Una tiene que ver con su carácter eminentemente urbano y, más que urbano, citadino. La otra sería la situación socioeconómica que las motiva y que provoca que no pocos “rescatadores”, o aspirantes a serlo, vengan de familias de clase media (incluso media-alta) y cuenten con una larga formación académica. Lo que estas iniciativas comparten con otras tantas en nuestro devenir, es que responden a la necesidad de subsistencia de algunos sectores de la población frente a un Estado que por acción o inacción parece olvidar que en esta isla vive gente.


Para poner las cosas en contexto, me limitaré a hacer un recuento, nada riguroso ni exhaustivo, de esa historia de ocupación que, dicho sea de paso, valdría la pena continuar estudiando y documentando a fondo porque no han sido pocos ni irrelevantes los movimientos, asentamientos, desplazamientos y reordenamientos populares que se han dado con el pasar del tiempo. Comienzo en la primera mitad del siglo XX con la puesta en marcha de la industrialización y sus respectivas políticas económicas y de uso de suelo; lo que motivó una primera gran ola migratoria, que llegó hasta algunas ciudades en los EU, y que trajo a muchas familias campesinas a ocupar terrenos en la periferia urbana para establecer sus viviendas “informales” en proximidad a los nuevos espacios de trabajo que requerían de una clase obrera. Quizás, el ejemplo más emblemático de este proceso de ocupación, en este caso de terrenos públicos, lo representan las comunidades del Caño Martín Peña. Habría que mencionar, por su relevancia, que este proceso ocurrió mientras una emergente clase media comenzaba a desplazarse de los Centros Urbanos Tradicionales (CUT) hacia las nuevas urbanizaciones de casas unifamiliares prefabricadas y el gobierno desarrollaba los primeros proyectos de vivienda pública en el país para alojar a las clases bajas.


En la segunda mitad del siglo XX (con una Junta de Planificación en funciones) el deterioro y la pobreza urbana comenzó a dispararse debido a la subsidiada suburbanización de buena parte de nuestro territorio. Entonces la ocupación cambió de dirección y a finales de los 60 y principios de los 70, los llamados “invasores” se fueron “a desalambrar” terrenos en el campo. Poco después, en la década de los 80, se dio un importante movimiento de puertorriqueños que ocuparon propiedades abandonadas para organizar cooperativas de vivienda en varias ciudades en los EEUU; entre ellas la ciudad de Nueva York, donde se acuñó la consigna del “Don’t move, improve!”.

Llegamos al presente para hablar de lo que sería una tercera etapa en esta historia de ocupaciones que, nuevamente, se dirige hacia la urbe. Esta vez no hacia su periferia, sino hacia el mismo centro de una ciudad desatendida y diezmada. Muchas de las ocupaciones más recientes se han dado en propiedades de tenencia privada que permanecían abandonadas en varias de las áreas más densamente urbanizadas de la zona metropolitana (como Puerta de Tierra, Santurce y Río Piedras) y los centros urbanos tradicionales (CUT) de algunos municipios como Caguas y Mayagüez. Tanto que, en vez de llamar “a desalambrar”, la consigna podría ser “a desbloquear” dado que en más de un caso ha sido necesario revertir la clausura de puertas y ventanas que han sido tapiadas con bloques de hormigón en cumplimiento con el proceso de declaración de un estorbo público. Sobre la ocupación de propiedades públicas abandonadas — como son los planteles escolares que están siendo cerrados como parte de las “medidas de austeridad” — ni siquiera me atrevo a opinar por tratarse de un fenómeno mucho más reciente que, con el paso del huracán María y dada la velocidad (por no decir voracidad) del proceso de desposesión que está siendo ejecutado, igual y podría enmarcarse en otra fase de ocupación dentro de toda esta historia.


En relación al perfil socioeconómico de la actual generación de “ocupas” al que hice referencia, debo destacar la doble intención de ocupación de no pocos “rescatadores” que, como yo, han ocupado para ocuparse. Es decir, que el deseo de acceder a un espacio físico tiene que ver con la necesidad de contar con un lugar mínimamente adecuado donde desarrollar una actividad profesional, formativa, productiva, entre otras. De ahí la disposición a invertir largas horas y esfuerzo físico en habilitar un espacio abandonado (limpiarlo, pintarlo, repararlo, reconstruirlo, etc.). Disfruto, debo decirlo, cuando alguien me pregunta por mi trabajo y respondo que soy “ocupa profesional”. Resulta que esa respuesta provoca casi la misma perplejidad que cuando, ante la misma pregunta, respondo que soy “urbanista” o “peatón por convicción” en un país donde la ciudad no forma parte del imaginario colectivo. Personalmente, esa inversión me ha permitido, incluso, sortear la falta de oportunidades para acceder a un empleo “normal y corriente” en un reducidísimo mercado laboral local que, previsiblemente, se seguirá achicando. Hoy, tras el embate de la Junta y la quiebra gubernamental, resulta cada vez más evidente que, además de rescatar espacios para ocuparnos, tendremos que hacerlo para suplir necesidades básicas de refugio y vivienda. El hecho de que estos rescates se están dando en centros urbanos también responde a las expectativas de un sector de la población que, ya sea por intuición o porque lo ha experimentado en otros países, aspira a disfrutar en Puerto Rico de las bondades de la vida en ciudad.


Ocupaciones recientes

Brigada PDT

¡Aquí Vive Gente! Tres palabras que hacen referencia a tres aspectos fundamentales: el lugar, la vida y los seres humanos. Esta fue la consigna, tan sencilla como contundente, acuñada por un grupo de vecinos de Puerta de Tierra (PDT) que en el 2015 ocuparon un solar abandonado para convertirlo en la Estación Informativa de la Brigada PDT. Desde allí se organizaron para evitar la pretenciosa y antidemocrática construcción de un “paseo lineal” que rediseñaba, a tono con las últimas tendencias de la moda urbanística internacional, la sección de vía de la carretera que va desde (el también cuestionable) Paseo Caribe hasta (la no menos cuestionable) “casa de las leyes” o Capitolio. Toda una operación para “hiper-urbanizar” con puerta de concreto, ciclovía, local comercial y pieza de arte incluida, una de las vistas más maravillosas del Mar Atlántico en detrimento de ese mismo paisaje, los recursos arqueológicos presentes, el ecosistema marítimo terrestre, las propias “arcas” del Estado y la calidad de vida de la comunidad aledaña. Desde allí lograron articular una fuerte oposición ciudadana que no logró persuadir al gobierno de turno (PPD) de responder a los intereses de los residentes y comerciantes locales frente a intereses “externos”, a la hora de decidir sobre el desembolso de varios millones de fondos públicos. Como resultado, el “rich north” cuenta con una atractiva puerta de bienvenida al Viejo San Juan mientras se ha profundizado y perpetuado la invisibilidad, la contaminación, la inseguridad y la estrechez económica de “los pobres del sur” de Puerta de Tierra. Una comunidad en la que aún se mantiene activo un pequeño espacio recuperado del abandono, donde se instaló la única parada de guagua, en todo el sector, que ha sido diseñada pensando en la gente, donde se siembra y donde se proyecta cine gratis al aire libre, entre muchas cosas más.


Casa Taft 196

Casa Taft 169 comenzó en 2013 en el sector Machuchal de Santurce, con la ocupación de una propiedad abandonada bajo la premisa equivocada de que el gobierno, obligado a proteger el bien común, tendría alguna herramienta legal para que una organización vecinal pudiera hacerse cargo de transformarla en un Centro Cívico/“off-the-grid”/autogestionado. Mucho más cuando el inmueble acumulaba una enorme deuda por impuestos a la propiedad, sus dueños hacía mucho tiempo que habían fallecido, la propiedad había sido declarada estorbo público y no se había logrado aclarar su titularidad en alrededor de cuatro décadas. Con la doble intención de resolver un limbo legal que resultaba inconcebible de raíz y abrir una pequeña ventana a través de la cual insertar a la base comunitaria del país en la tarea de eliminar estorbos públicos, se aspiró — nada más y nada menos — que a lograr un cambio en política pública a nivel estatal. Para ello se buscó apoyo legislativo y se trabajó en la redacción de un proyecto de ley que proponía enmiendas al Código Civil para lograr que las propiedades sin titulares vivos ni herederos, en los casos en que hubieran sido declaradas estorbos públicos, en vez de pasar al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico, pudieran ser heredadas por los municipios. Esto con la intención de aliviar una disposición que terminó siendo muy onerosa para la UPR, extinguir deudas contributivas y facilitar el que los municipios pudieran aclarar sus titularidades para poderlas donar, ceder, vender o arrendar a organizaciones sin ánimo de lucro. A través de una campaña que se bautizó con el nombre de Todos Somos Herederos, se recabó el necesario apoyo público, institucional y cívico que resultó en la aprobación de la Ley 157 del 2016.


Urbe Apie

En Caguas, desde el año 2014, crece y crece el proyecto de ocupación Urbe Apié que comenzó con la intención de devolver la actividad social, cultural y económica al Paseo Gautier Benítez y ya agrupa varias propiedades entre las que se puede encontrar una biblioteca, una galería de arte, un enorme huerto urbano y, más recientemente, un espacio que reúne recreación, trabajo y vivienda. Hay que ver para creer cómo esta agrupación, que también sigue creciendo en el número y diversidad de personas a las que ha logrado involucrar, ha ido construyendo una mini ciudad en la ciudad, dado que en el Centro Urbano de Caguas el abandono no se encuentra de edificio en edificio sino que hay cuadras y cuadras en las que, prácticamente, todas las propiedades permanecen vacías. Hace algún tiempo visité el proyecto para participar de una reunión en la que se debía tomar la decisión de enfrentar o no el posible desalojo de Valle Garita; la más reciente ocupación. Al final de la jornada, se decidió permanecer y resistir; lo que podría establecer un precedente muy importante para ocupaciones por venir.


Un enorme inventario que no para de crecer

El problema de propiedades abandonadas en Puerto Rico es un tema que, por varias razones, refleja una histórica dejadez de parte del Estado en atender el bien común por encima del interés privado. Razón por la cual en esta pequeña isla existe un enorme inventario de estructuras en desuso que no para de crecer a pesar de las enormes implicaciones que esto tiene para la calidad de vida y el medioambiente. Más alarmante aún es que, sin contar los efectos del huracán María, ya diversos factores tendían a indicar que el número de propiedades abandonadas seguiría su vertiginoso ascenso en los años por venir. Esto significa que quienes vivan [malvivan] o sobrevivan al resquebrajamiento del país tendrán, además, que hacerlo en medio de un [insondable] mar de estructuras desatendidas de difícil manejo y disposición; buena parte de ellas en estado ruinoso e insalubre (convertidas en criaderos de mosquitos, vertederos, etc.). Todo un fenómeno no apto para quienes no somos inmunes a la injusticia habitacional y la evidente contradicción que hay en que exista “gente sin techo y casas sin gente”.

Cuando subrayo la falta de voluntad política para adelantar alternativas que reduzcan el inventario de propiedades abandonadas pienso, específicamente, en propiedades que, habiendo sido declaradas o no, se encuentran en condición de estorbos públicos. En ese sentido, el mayor reto que enfrentamos es lograr pasar de un enfoque remediativo a uno que entienda la necesidad de diseñar e implementar políticas y protocolos de carácter preventivo. Para sostener este planteamiento mencionaré, a grosso modo, que con lo poco que contamos hoy es con una legislación que cuando no se contradice, se anula mutuamente, o resulta inoperable; que está orientada a favorecer a quienes tienen capital de inversión; que como remedio, prácticamente, condena a la demolición en vez de la adaptación o cualquier otra forma alternativa de disposición; que prefiere ejercer, incluso, abusar de su poder de expropiación; que se resiste a aplicar el debido “enforcement”; que no impone verdaderos límites al derecho de sucesión o a la especulación inmobiliaria; y que venera la propiedad privada y no reconoce la función social de la propiedad o la justicia habitacional. Superar algunos de estos retos podía resultar inconcebible hace una década pero no tanto hoy que el panorama se ha complicado enormemente en apenas diez años dada la quiebra de la burbuja inmobiliaria, la llamada crisis fiscal y la reciente bancarrota gubernamental; que afecta tanto al gobierno central como a las administraciones municipales. En última instancia, el trabajo que venimos realizando en los últimos años está orientado a que sean los propios ciudadanos, en sus propias comunidades, quienes se den a la tarea de levantar sus propios inventarios para saber con exactitud dónde y en qué condición “jurídico-contributiva” se encuentran estas propiedades.


No hay duda de que los recientes eventos naturales han contribuido a que el inventario de propiedades abandonadas no pare de crecer y, en particular aquellas en condición de estorbos públicos. Pero como se puede evidenciar, el verdadero embate no ha sido natural y había llegado para quedarse mucho antes de septiembre del 2017. Habría que indagar si los huracanes “sumaron” o no propiedades al inventario existente y si lo hicieron de manera directa o lo hicieron, por ejemplo, como resultado del desplazamiento poblacional o las ejecuciones hipotecarias que los sucedieron. Lo que está claro que provocaron los vientos huracanados y la lluvia torrencial fue que muchas de las propiedades que ya estaban abandonadas pasaran a encontrarse (de la noche a la mañana) en condición de estorbos públicos en la medida en que se deterioraron estructuralmente, quedaron expuestas para ser minadas en busca de materiales reciclables o se convirtieron en nuevos vertederos y criaderos de mosquitos, entre un largo etcétera. Añádasele a esto que todo parece indicar que la situación fiscal y económica se encargará de hacer que se perpetúen como amenazas al bienestar general de todos y todas.


El cambio parece inevitable

Vivimos tiempos tan sombríos que prefiero pensar que tarde o temprano las cosas comenzarán a cambiar. A juzgar por lo que uno está experimentando a nivel personal (tanto en el ámbito doméstico como en el profesional), lo que se puede percibir a pie de calle y lo que plantean las “medidas” fiscales que se avecinan, estamos hablando de que se nos viene encima una crisis social sin precedentes. Preocupa, particularmente, cómo se va a satisfacer la necesidad de acceso a unas condiciones de vivienda dignas. Entre el círculo de colegas, hace tiempo que comenzamos a explorar formas alternativas de tenencia y gestión como pueden ser las Cooperativas o los Fideicomisos y Bancos de tierras.  Si tomamos en cuenta que el inventario de propiedades que fueron parcial o totalmente afectadas por Irma y María oscila entre las 250,000 a las 270,000[1], mientras que, por el otro lado, la encuesta de comunidad del Censo del 2015 estima en una 326,435 las unidades de vivienda “vacantes”[2], se podría pensar que ahí hay una extraordinaria oportunidad para repensar el problema de la vivienda y uso de suelo en Puerto Rico.


Desde la capacidad y el poder de acción de la sociedad civil habría que volver a reconocer la aportación que están haciendo los distintos proyectos de recuperación de propiedades abandonadas. Quizás sea precipitado afirmar que esto podría pasar en un futuro cercano pero está planteado sobre la mesa el interés de conformar una “red nacional de espacios recuperados” que pueda servir de apoyo al desarrollo de un movimiento de recuperación más amplio. También vinculado a la ocupación, habría que mencionar la radicación del Proyecto del Senado 593, que propone reducir los términos del usucapión en Puerto Rico, de 30 a 20 años en los casos de mala fe y de 20 a 3 para los casos de buena fe. Finalmente (como uno de los efectos post-María) un grupo de profesionales que compartimos el interés por este tema, fundamos el Centro para la Reconstrucción del Hábitat. De momento y de manera prioritaria, deseamos atender dos asuntos: Por un lado, el componente de divulgación y formación cívica a través del desarrollo de recursos informativos que sirvan para involucrar a las comunidades en la tarea de inventariar propiedades, iniciar declaraciones de estorbo público, etcétera. Por el otro, identificar casos de estudios emblemáticos para presentarlos ante el Tribunal con la intención de obligar decisiones judiciales de modo que se pueda, poco a poco, aumentar la jurisprudencia y seguir incidiendo en el ámbito de la política pública.

Lo anterior es solo una pequeña muestra de las alternativas que tenemos para enfrentar el embate sostenido de este huracán de llamada “austeridad” desde la sociedad civil y la lucha por el lugar. Porque aunque parecería ser un hecho irrelevante para quienes administran hoy la colonia, la realidad (les guste o no) es que ¡”Aquí Vive Gente”!

[1] Según información de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico.

[2] Según el estimado de comunidad del 2016 ascendería a 334,569 unidades. Para la zona el total de unidades vacantes (que son de mejor construcción, etc.) se estiman en 154,173 unidades, lo que podría significar que cerca de un 50% de las familias cuyas casas fueron afectadas podrían se podrían reubicar a los centros urbanos.

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